Hoy me inquieta la lucha por los derechos humanos en la Iglesia, y, en concreto, en nuestro país. En el día en el que se cumplen doscientos años de la declaración de la primera constitución española, me viene a la cabeza la contribución de nuestra Iglesia en la misma. A lo largo de las sesiones de la Corte Constituyente en los meses anteriores a su aprobación, los miembros de la Asamblea dedicada a tal efecto fueron cambiando, pues la situación política derivada de la invasión napoleónica de nuestro país hacía difícil el desarrollo normal de las sesiones. Comenzaron 104 diputados y acabaron 223. De entre ellos, 90 eran eclesiásticos.
Y del acuerdo de todos ellos (jovellanistas, liberales, absolutistas, gente de Iglesia, aristocráticos...) surge la Constitución más avanzada de la humanidad hasta el momento. En ella se promulga la separación de poderes y se defienden derechos como la igualdad ante la ley, la inviolabilidad del domicilio, la existencia de garantías procesales, la libertad de imprenta o el derecho a la educación.
A veces tenemos demasiado dentro metido el estereotipo de una Iglesia que responde siempre tarde a las demandas de la sociedad, pero lo que hoy celebramos es un ejemplo de tantísimos que nos ofrece la historia para desmentirlo. Basta mirar quién fundó las primeras escuelas, hospicios, asilos..., quiénes fueron los primeros en atender a los inmigrantes, a los enfermos terminales de SIDA, a los deficientes mentales...
Creo que en demasiadas ocasiones tenemos exceso de complejos. Y no es así. En este día, la celebración de la Pepa puede servirnos para estar orgullosos de una institución que ha servido tanto a los que menos tienen y para recoger el testigo como cristianos en el compromiso por la instauración de un mundo más justo.
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