La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, ha declarado que no
cobraría el IBI “ni aun en el caso de que una reforma de la Ley de Hacienda
Locales y del Concordato con la Santa Sede lo permitiera, pues valoran función
social de la Iglesia que en estos momentos de crisis se ha redoblado”. Del
mismo modo, la concejala de Hacienda de Gijón, Carmen Alsina, tampoco cobrará
el IBI a la Iglesia aduciendo motivos legales y el convenio entre el Estado y
la Santa Sede.
Los que están en
contra insisten en recordar a la sociedad española que no solo los
inmuebles de la Iglesia católica están exentos del IBI, sino también
asociaciones confesionales no católicas, los destinados a seguridad, educación,
embajadas o, por ejemplo, Cruz Roja, entre otros.
Los que están a favor
del pago alegan que en la crisis económica actual no es lógico que ciertas
entidades disfruten de privilegios como este. De hecho, el ayuntamiento de
Alcalá de Henares será el primero de la Comunidad de Madrid en reclamar el IBI,
aunque la medida tendrá que superar las
limitaciones incluidas en el concordato firmado entre España y El Vaticano, así
como la Ley de Mecenazgo. El PSOE de Alcalá de Henares sostiene que sí se puede
cobrar la tasa cuando la propiedad de los religiosos no esté destinada al
culto. Los socialistas explican que también es posible cobrar el IBI si los
terrenos propiedad de la Iglesia están alquilados a terceras personas, pues se
trata de una actividad económica.
¿Qué actitud debe adoptar en
este tema la Iglesia Católica?, ¿debe oponerse a una posible reforma de la Ley
o asentir y cumplir?
No hay comentarios:
Publicar un comentario